Las deducciones más comunes son la depreciación, el gasto tributario, el gasto por intereses, y los honorarios por gestión y servicios o las regalías. Estas dos últimas son deducibles si cumplen el principio de plena competencia (arm’s length) y se han pagado las retenciones correspondientes. Las operaciones entre partes relacionadas están sujetas a las normas de precios de transferencia y a la Declaración Informativa de Operaciones entre Relacionados (DIOR), y la DGII aplica límites de subcapitalización a la deducción de intereses.

Los pagos a cuenta (anticipos) fueron reestructurados por la Ley 30-26 con efecto a partir del ejercicio fiscal 2027: las microempresas y el sector agropecuario quedan exentos, las pequeñas empresas pagan en tres cuotas anuales, y las medianas y grandes empresas cuya tasa efectiva de tributación sea del 1.5% o menos deben anticipar el 1.5% de los ingresos brutos.

Los contribuyentes con obligaciones pendientes deberían evaluar la amnistía de la Ley 30-26, abierta hasta el 31 de diciembre de 2026; la misma ley redujo los recargos mensuales por mora del 10% al 3%, con un tope del 100% del impuesto adeudado, y eliminó el requisito de pago previo (solve et repete) para impugnar las determinaciones.

II. Ganancias de capital

Para las personas jurídicas, las ganancias de capital tributan como renta ordinaria a la tasa del 27%. La ganancia o pérdida es el precio de transferencia menos el costo de adquisición del activo ajustado por inflación conforme a las reglas locales, disminuido por la depreciación y aumentado por las mejoras (Art. 289, Ley 11-92). Las pérdidas de capital que excedan las ganancias de capital de un período solo pueden acreditarse contra ganancias de capital futuras.

La Ley 30-26 introdujo una tasa única del 10% para las ganancias de capital obtenidas por personas físicas en la venta de bienes inmuebles. La ganancia queda exenta si el producto de la venta se reinvierte íntegramente en una nueva vivienda principal dentro de los seis meses (exención proporcional si la reinversión es parcial), y las ganancias por la venta de la vivienda principal por personas de 65 años o más quedan exentas. La reforma también incorporó expresamente los activos digitales y los criptoactivos dentro de la definición de activos de capital del Código Tributario.

Para los inmuebles mantenidos a través de sociedades, la tasa y la estructura aplicables deberían revisarse conforme a las nuevas disposiciones de la Ley 30-26 antes de cualquier enajenación; el régimen del 10% para personas físicas no se extiende automáticamente a las ventas a nivel de la sociedad.

III. Impuesto sobre los activos

El impuesto sobre los activos se aplica a una tasa del 1% sobre los activos que figuran en el balance general, después de la depreciación y de otras deducciones admitidas. Se excluyen las inversiones accionarias en otras sociedades y los inmuebles rurales. El impuesto se paga en dos cuotas y funciona como un impuesto mínimo acreditable contra el impuesto sobre la renta: si la obligación del impuesto sobre la renta iguala o supera el impuesto sobre los activos, no se paga impuesto sobre los activos.

IV. Retenciones

Las distribuciones de dividendos y utilidades están sujetas a una retención final del 10% (Art. 308, Ley 11-92). Los pagos al exterior de rentas de fuente dominicana a no residentes están sujetos, por lo general, a una retención del 27%, y los intereses a una del 10%. La Ley 30-26 (vigente desde el 18 de junio de 2026) creó una retención final reducida del 15% sobre los pagos al exterior por licencias de software, publicidad en línea y almacenamiento de datos o servicios en la nube.

Los pagos de renta gravable a personas físicas residentes están sujetos a retención a tasas progresivas de hasta el 25% conforme a la escala vigente hasta 2026 (exención anual de RD$416,220). A partir del ejercicio fiscal 2027, la Ley 30-26 la sustituye por una nueva escala indexada por inflación: una exención anual de RD$480,000 y tramos que ascienden hasta una tasa marginal máxima del 27% (Art. 296, Ley 11-92, modificado por el Art. 10, Ley 30-26).

Toda sociedad dominicana que pague a proveedores extranjeros de SaaS, nube o publicidad digital se convirtió en agente de retención del nuevo impuesto del 15% el 18 de junio de 2026, sin período de transición; los procesos de cuentas por pagar deberían actualizarse de inmediato.

V. Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS)

Las importaciones y las transferencias de bienes y servicios en el territorio dominicano están sujetas al ITBIS, el impuesto al valor agregado dominicano, a una tasa general del 18%, con una tasa reducida del 16% para una canasta de bienes específicos (ciertos derivados lácteos, café, grasas y aceites comestibles, azúcares y productos de cacao) y exenciones para los bienes y servicios enumerados.

Las exportaciones de bienes están gravadas a tasa cero, al igual que los servicios prestados a personas no domiciliadas, facturados en el exterior y consumidos fuera del territorio dominicano. El ITBIS pagado en las importaciones y a los proveedores locales es acreditable, y los créditos excedentes se trasladan a los períodos mensuales siguientes. Los exportadores que mantengan créditos de ITBIS por más de seis meses pueden solicitar el reembolso o la compensación con otros impuestos.

La Ley 30-26 dejó sin cambios la tasa y la base del ITBIS, pero creó una percepción del ITBIS a nivel aduanero para los importadores no inscritos como contribuyentes, aplicada sobre la base de importación más un valor agregado presunto del 30%, acreditable al momento de su posterior formalización ante la DGII.

La facturación electrónica (e-CF) al amparo de la Ley 32-23 se está volviendo obligatoria por fases; los créditos del ITBIS están cada vez más condicionados a comprobantes electrónicos debidamente emitidos.

VI. Impuesto de emisión

El impuesto sobre la constitución de sociedades y sobre los aumentos de capital es del 1% del monto aportado (Art. 9, Ley 173-07) (véase Sociedades Comerciales, sección II).

VII. Convenios tributarios

La RD tiene convenios amplios para evitar la doble tributación con Canadá (1976) y España (2011), y un acuerdo de intercambio de información tributaria con los Estados Unidos (1989), complementado por un acuerdo intergubernamental FATCA. La red de convenios sigue siendo estrecha; la mayoría de los flujos transfronterizos se rigen por las reglas internas de retención.

Debido a que el alivio por convenio es la excepción y no la regla, las estructuras transfronterizas hacia la RD deberían someterse a prueba frente a las tasas internas de retención y a las nuevas reglas de la Ley 30-26 sobre la renta de fuente extranjera de los residentes antes de asumir cualquier tasa reducida.

Esta publicación se ofrece únicamente con fines informativos y no como asesoría legal. Toda transacción relacionada con cualquiera de los aspectos descritos requerirá asesoría y deberá consultarse específicamente con la Firma con antelación. © Arthur & Castillo. Todos los derechos reservados. Next