El cobro de deudas comerciales en la República Dominicana puede lograrse mediante una demanda de cobro, que es el mecanismo utilizado por los acreedores para perseguir la recuperación de sumas derivadas de una deuda a través del sistema judicial dominicano.

Demandar por cobro de deuda resulta especialmente útil siempre que el acreedor considere que su crédito corre peligro de volverse irrecuperable.

De acuerdo con la legislación de la República Dominicana, lo anterior debe comenzar probando la existencia de un crédito, es decir, contar con los documentos que sustenten el crédito, expresados en sumas de dinero y que establezcan una fecha de vencimiento de pago. Esto significa que un acreedor puede interponer una demanda de cobro en virtud de una factura, un pagaré o una decisión judicial, entre otros documentos, donde se estipulen montos de dinero y exista un compromiso efectivo de pago por parte de un deudor.

El tribunal competente para conocer una demanda de cobro de deuda puede variar según el monto de dinero involucrado. Las reclamaciones que superen los DOP 20,000 deberán ser decididas por el Tribunal de Primera Instancia correspondiente, mientras que las de menor cuantía deberán ser decididas por los Juzgados de Paz competentes.

En cualquier momento, el deudor quedará liberado de su obligación de pago al aportar prueba de haber pagado o al demostrar que la obligación ha sido extinguida.

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SOBRE EL AUTOR: Felipe Castillo es socio líder de las áreas de Inversión Extranjera, Bienes Raíces y Turismo en Arthur & Castillo Asesores y Consultores en la República Dominicana. Se especializa en inversión extranjera, bienes raíces y negocios internacionales (Maestría en Negocios Internacionales y estudios en Finanzas y Emprendimiento en Georgetown University en Washington, D.C. y Máster en Negocios Internacionales y Comercio Electrónico en la Universitat Pompeu Fabra en Barcelona) con más de 20 años de experiencia en inversión extranjera, zonas francas, negocios internacionales y práctica inmobiliaria transfronteriza. Él es un Experto Certificado en Bancarrota Empresarial e Intérprete de los idiomas inglés y español.

Email: fcastillo@aclaw.com

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